Anterior funcionario del sistema judicial se encuentra enfrentando cargos por prevaricato, tras haber favorecido a la familia mencionada con anterioridad.
La audiencia preliminar se llevó a cabo de forma remota el pasado 8 de julio de 2024.
En el año 2020, este antiguo juez decidió devolver propiedades confiscadas a la familia de un individuo conocido como "Fito", en un caso vinculado con actividades ilícitas.
Dicha acción ocasionó cierta controversia, dado que el exjuez emitió un fallo a favor de cinco parientes del líder de un grupo delictivo, derogando la confiscación previa de vehículos y propiedades, lo cual generó una apelación por parte del fiscal correspondiente.
En enero de 2021, el caso fue trasladado a la Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Manabí, esta última asumió control en enero del mismo año.
Más tarde, en febrero de 2022, el Consejo de la Judicatura aplicó una sanción al exjuez por su actuación en dicho caso, calificando su proceder como negligencia evidente.
Después de una petición de la Fiscalía en enero de 2024, la audiencia preliminar tuvo lugar más de medio año después. Durante esta etapa, se decretó arresto domiciliario y restricción de venta de sus bienes al exjuez, debido a su edad.
De acuerdo con la legislación vigente, el prevaricato cometido por magistrados puede acarrear penas de cinco a siete años de prisión, multas y suspensión temporal para ejercer funciones judiciales.
El individuo en fuga de la cárcel de Guayaquil a principios de 2024 continúa prófugo hasta el momento.
La familia del cabecilla de la organización fue deportada de Argentina, nación a la que habían llegado antes de la fuga del individuo en cuestión.